La expectativa crece en Uruguay a medida que el gobierno se dispone a realizar este jueves un anuncio crucial sobre los precios de los combustibles que entrarán en vigor a partir del mes de junio.
La conferencia de prensa, que se perfila como un evento de significativa relevancia económica y política, contará con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, según ha trascendido de fuentes oficiales.
Esta convocatoria no se limita a la simple actualización tarifaria mensual, una práctica habitual derivada de la aplicación del mecanismo de Precio de Paridad de Importación (PPI). La particularidad de este anuncio reside en que, además de revelar las nuevas tarifas, las autoridades gubernamentales tienen previsto explicar la metodología específica que se utilizará para el cálculo de dichos precios.
El sistema de fijación de precios de los combustibles en Uruguay ha sido objeto de debate constante, especialmente en los últimos años. El mecanismo actual, heredado de la administración anterior liderada por Luis Lacalle Pou, se basa en gran medida en el indice de Precio de Paridad de Importación.
Este índice, elaborado y publicado mensualmente por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), busca reflejar cuánto costaría importar los combustibles ya refinados al país, considerando variables internacionales como la cotización del petróleo, los costos de flete y seguros, e incluso el tipo de cambio.
El informe más reciente de la URSEA, correspondiente a mayo, ha señalado un descenso en el valor de referencia del PPI. Este dato es un componente primordial en la fórmula que tradicionalmente se ha empleado para determinar el precio final que paga el consumidor en el surtidor. A la variable del PPI se le añaden otros costos inherentes al proceso, como los de refinación en la planta de La Teja, propiedad de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), así como los costos de distribución interna en el territorio nacional.
Hasta ahora, la suma de estos factores, el PPI ajustado por los costos de ANCAP, ha sido el criterio principal para la fijación de precios. Sin embargo, esta metodología ha sido blanco de críticas por parte de diversos actores, incluido el Frente Amplio durante su campaña electoral y, más explícitamente, por el actual gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi una vez que asumió sus funciones.
Las diferencias con la metodología actual radican en diversas consideraciones. Por un lado, se cuestiona hasta qué punto el PPI refleja de manera óptima la realidad de una empresa estatal como ANCAP, que posee una refinería y realiza parte del proceso internamente, en lugar de ser un mero importador. También se ha planteado la necesidad de considerar otros factores, como la eficiencia interna de ANCAP, el impacto de posibles superávits o déficits de la empresa, y la oportunidad de utilizar herramientas de política económica para amortiguar la traslación directa de la volatilidad de los precios internacionales al bolsillo del consumidor.
Durante la campaña y en las primeras semanas de gobierno, desde el oficialismo se anunciaron posibles “cambios a futuro” en el esquema de fijación de precios. Si bien no se han detallado públicamente las modificaciones específicas que se contemplan, la sola mención de una revisión metodológica añade una capa de interés al anuncio de este jueves. La conferencia de prensa se torna así en una plataforma para comunicar no solo los nuevos precios, sino también la dirección que el gobierno pretende imprimir a la política de tarifas energéticas en el mediano y largo plazo.
Adicionalmente, el gobierno de Orsi ya ha utilizado una de las flexibilidades que ofrece la normativa vigente: la opción de fijar los precios de los combustibles cada dos meses en lugar de hacerlo estrictamente mes a mes, como era la práctica bajo el criterio de aplicación más rígida del PPI.
Rocha Portal
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