El plan incluye 79 acciones y más de 130 medidas, con participación de 79 instituciones y aportes ciudadanos, para enfrentar el delito con enfoque en evidencia y coordinación.
El ministro del Interior, Carlos Negro, expuso este jueves ante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, diseñado como una política de Estado con horizonte de diez años.
La presentación se realizó en la criolla Elías Regules y estuvo centrada en un documento que organiza siete ejes estratégicos: homicidios, violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, armas de fuego, narcotráfico, ciberdelitos, sistema de justicia criminal y prevención del delito y la violencia.
La iniciativa busca transformar el modelo de seguridad en Uruguay, sustituyendo respuestas fragmentadas y de corto alcance por un esquema basado en evidencia, coordinación interinstitucional y acciones sostenidas.
El objetivo es enfrentar el delito con mayor presencia policial en zonas críticas, prevención reforzada y uso intensivo de inteligencia para anticiparse a los problemas.
El plan contempla 79 acciones y más de 130 medidas, además de reformas normativas para responder al incremento de la violencia, nuevas modalidades delictivas, crimen organizado y reincidencia.
Su elaboración insumió más de 150 horas de trabajo, con participación de 79 instituciones, aportes ciudadanos y revisión de más de 200 estudios internacionales.
Medidas principales
- Refuerzo policial: incorporación de 2.000 nuevos efectivos y ampliación del patrullaje en todo el país.
- Operativos focalizados: despliegue permanente en zonas críticas con base en inteligencia.
- Combate al narcotráfico: investigación de redes criminales, seguimiento de estructuras y financiamiento, persecución de circuitos económicos.
- Tecnología aplicada: drones, expansión de videovigilancia, sistemas de análisis y monitoreo en rutas.
- Control fronterizo y vehicular: coordinación con Fuerzas Armadas, anillos digitales y regulación de motos y autos irregulares.
- Prevención barrial: programa Más Barrio en cinco zonas, reducción de personas en situación de calle mediante operativos coordinados.
- Acción contra armas ilegales: endurecimiento de penas por porte y tráfico, nuevas sanciones y regulaciones.
- Protección de mujeres e infancias: sistema integral de respuesta, dispositivo Élida 360 y herramientas de evaluación de riesgo.
- Defensa ante ciberdelitos: prevención de estafas digitales y alertas SMS en coordinación con bancos y empresas.
- Capacitación policial: formación continua y entrenamiento especializado.
- Comisarías y despliegue territorial: refuerzo del rol de las comisarías, unidades móviles y aumento de personal.
- Sistema penitenciario: construcción de centros de máxima seguridad, más personal y reducción de violencia en cárceles.
- Reinserción social: programas laborales y educativos, creación del Instituto Nacional de Reinserción y planes sociolaborales.
Prioridades definidas
1. Reducir homicidios y violencia en territorios críticos, con mayor esclarecimiento y menor impunidad.
2. Disminuir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres e infancias.
3. Controlar armas y municiones, reforzando trazabilidad y controles fronterizos.
4. Desarticular redes de narcotráfico y economías criminales, persiguiendo dinero ilícito y evitando reclutamiento juvenil.
5. Prevenir fraudes y ciberdelitos, fortaleciendo la capacidad de respuesta estatal.
6. Potenciar la coordinación institucional y mejorar el sistema penitenciario con foco en rehabilitación.
7. Priorizar la prevención en territorios de riesgo, promoviendo inserción educativa y laboral.
8. Fortalecer el rol policial con más efectivos, formación especializada y despliegue tecnológico.
Interior subraya que el modelo uruguayo combina acción firme contra el delito con políticas de prevención. El plan refuerza el rol policial, incorpora tecnología de monitoreo en tiempo real, impulsa operativos en zonas críticas y desarrolla herramientas contra ciberdelitos.
También prevé mejoras en el sistema penitenciario, reducción de reincidencia y fortalecimiento de la reinserción social, junto a reformas normativas en control de armas, delitos digitales y justicia criminal.
Rocha Portal
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