El hombre fue identificado gracias a las cámaras de videovigilancia y fue sentenciado a cumplir su pena en libertad a prueba con medidas de control y servicios comunitarios.
El 25 de octubre, en horas de la noche, el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió una alerta que informaba sobre la presencia de un hombre ajeno en un centro de estudios ubicado en Avenida José Batlle y Ordóñez, en la ciudad de Maldonado.
De forma inmediata, se hizo presente personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) de la Zona Operacional II, junto a un equipo del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.).
En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el denunciante, quien relató que el individuo, al notar su presencia, huyó sin lograr llevarse objetos en ese momento. No obstante, indicó que días atrás la institución había sido víctima de varios hurtos.
La Brigada de Hurtos de la Seccional 1.ª asumió el procedimiento. Tras un exhaustivo análisis de las cámaras de videovigilancia realizado por los visualizadores del Centro de Comando Unificado (C.C.U.), se logró identificar al presunto autor: M.F.DLS.C., de 39 años, sin antecedentes penales.
El 28 de octubre, en horas de la noche, funcionarios del P.A.D.O. II que patrullaban por las calles Acrópolis y Catania, en el barrio San Francisco, identificaron a un hombre que resultó ser el investigado. Enterada la Fiscalía de 4.º Turno, dispuso su conducción al despacho para continuar con las indagatorias.
Finalizadas las instancias en Fiscalía, el 29 de octubre se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de 4.º Turno de Maldonado, donde se condenó a M.F.DLS.C. como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado.
Se le impuso una pena de dieciocho meses de prisión, con descuento de la detención sufrida, a cumplir en régimen de libertad a prueba, bajo las siguientes condiciones: residir en un lugar determinado donde sea posible el control por la DINAMA, someterse a su orientación y vigilancia, presentarse una vez por semana en la seccional policial más cercana a su domicilio y prestar servicios comunitarios una vez por semana, durante dos horas diarias, por un plazo legal de diez meses.
Ambos hechos fueron cometidos en la misma institución pública.
Rocha Portal
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