La Justicia de Artigas, formalizó a dos enfermeras en relación con delitos referentes, a la “apropiación de niñas niños o adolescentes para la adopción”.
Las investigadas habrían intentado, sacar a un bebé del país en el marco de este caso, una abogada, hija de una de las formalizadas, también se encuentra bajo investigación.
Según informó el medio local Clicregional, la investigación conjunta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y autoridades policiales derivó en la detención de tres mujeres. Dos de ellas son enfermeras, una que trabaja en una mutualista local y otra vinculada al Centro de Salud de Artigas (ASSE). La tercera detenida es la hija de esta última, quien ejerce como abogada.
La denuncia inicial provino del INAU, tras detectar una situación considerada sospechosa que involucraba a una madre con un embarazo avanzado. La madre, según los reportes, “nunca accedió a lo que le proponían” las personas ahora formalizadas.
Las investigaciones sugieren que una de las enfermeras detenidas habría actuado como intermediaria, contactando a la mujer embarazada con otra mujer residente en Brasil, quien presuntamente estaba dispuesta a realizar un pago por el recién nacido.
La fiscal del caso, Beatriz González, explicó que la formalización de la abogada no se concretó en la primera instancia. Durante la investigación, surgieron elementos, específicamente conversaciones, que despertaron sospechas sobre la posible implicación de la abogada en ilícitos.
Dada esta situación, y debido a que la abogada era la defensora de una de las enfermeras, es necesario esperar que designe una nueva defensa. La fiscal anunció su intención de solicitar la formalización de la abogada en los próximos días, una vez superado este impedimento procesal.
Respecto a las medidas cautelares, a la enfermera que trabaja en la mutualista, la cual reside en la ciudad fronteriza brasileña de Quaraí, se le impuso la obligación de fijar domicilio en Uruguay, la colocación de una tobillera electrónica y la notificación a la Dirección Nacional de Migración para impedir su salida del territorio nacional. Además, se le prohibió comunicarse o acercarse a la víctima y a sus familiares en un radio de 300 metros por un plazo de 120 días.
Medidas idénticas fueron dictadas para la enfermera que presta servicios en ASSE, con el adicional de que deberá presentarse semanalmente ante la autoridad policial competente.
Por su parte, Miredi Biscarra, abogada de una de las enfermeras, sostuvo tras la formalización que su defendida no está acusada directamente de apropiación, sino de un “delito de peligro”. Según el artículo 280 del Código Penal, este delito abarca a aquel que “utilizara estratagemas y engaños para separar a un niño de las personas a su cargo o para violar el debido proceso legal para la adopción”.
La defensa también negó que en la audiencia de formalización se hayan manejado versiones extraoficiales que circularon previamente, como la supuesta complicidad de médicos o la oferta a la embarazada de realizar una cesárea en Quaraí.
Biscarra añadió que, hasta el momento, tampoco se ha manejado información que sugiera la existencia de otros casos similares, como también se había trascendido de forma no oficial.
Rocha Portal
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